Comprender las leyes federales sobre sobornos
Un soborno es, en esencia, un tipo de coacción mediante la cual una persona paga indebidamente dinero a otra con la capacidad de proporcionarle un beneficio, como ser seleccionado para una transacción comercial. Un ejemplo clásico de la televisión y el cine es el de un mafioso que paga a un funcionario municipal para que elija una empresa de su preferencia para un proyecto público. Sin embargo, las leyes federales sobre sobornos abarcan mucho más que este tipo de situación, y quienes participan en esquemas de sobornos, ya sean pagadores o beneficiarios, pueden enfrentar importantes sanciones penales por su participación. A continuación, se presentan varios ejemplos de leyes federales sobre sobornos.
Fraude en servicios honestos
Como parte de las leyes federales sobre fraude postal y electrónico, que prohíben los planes o artimañas para defraudar mediante ciertas comunicaciones interestatales (por ejemplo, correo postal, correo electrónico, televisión/radio, etc.), el artículo 1346 del Título 18 del Código de los Estados Unidos (18 USC § 1346) indica que dicho plan o artimaña delictiva puede incluir la privación del derecho intangible a recibir servicios honestos. Esta ley se conoce como la Ley de Fraude por Servicios Honestos, y la Corte Suprema de los Estados Unidos la ha interpretado para que se dirija contra los esquemas de soborno y comisiones ilegales.
En resumen, cuando un individuo u organización —ya sea en el ámbito público o privado— se involucra en esfuerzos para obtener sobornos, lo que hace es privar al consumidor o al público de los servicios honestos que recibiría de no haberse producido dicho soborno. Por ejemplo, si un concejal acepta un soborno de una constructora para ganar un contrato con la ciudad, cuando la constructora no presentó la mejor oferta, los contribuyentes de la ciudad se ven privados de los servicios honestos que habrían recibido si se hubiera elegido otra constructora que pudiera realizar el trabajo de manera más eficiente. En el ámbito privado, si el director financiero de una empresa elige un proveedor de TI que le ofrece sobornos personales, los accionistas de esa empresa se ven privados de los servicios honestos de un proveedor de TI más eficiente.
Como ejemplo reciente de la vida real, el escándalo "Varsity Blues" de finales de la década de 2010, por el cual los padres pagaron sobornos a funcionarios universitarios para asegurar la admisión de sus hijos en universidades de élite, dio lugar a procesamientos bajo la teoría del fraude por servicios honestos, aunque varias de esas condenas fueron anuladas en apelación en 2023 basándose en la interpretación del estatuto.
La ley antisobornos
La Ley contra el Soborno es una ley penal federal que prohíbe el pago o la recepción consciente e intencional de cualquier “remuneración” (incluidos los sobornos, comisiones ilegales o descuentos) a cambio de:
- Remitir a una persona a otra para cualquier artículo o servicio cuyo pago pueda realizarse total o parcialmente en virtud de un programa federal de atención médica, o
- Comprar, arrendar, ordenar o gestionar cualquier bien, instalación, servicio o artículo cuyo pago pueda realizarse total o parcialmente en virtud de un programa federal de atención médica (o simplemente recomendar la compra, el arrendamiento o el pedido de cualquiera de dichos bienes, instalaciones, servicios o artículos).
Así, en su nivel más simple, el estatuto contra el soborno (que se encuentra en 42 USC § 1320a-7b(b)) convierte en delito cualquier acuerdo de remisión remunerada (ya sea en efectivo, propiedad o en especie) por cualquier servicio o bien de atención médica por el cual el pago se realice bajo programas federales de atención médica como Medicare o Medicaid, sujeto a ciertas excepciones.
Si bien este tipo de acuerdos de remisión son habituales en otros sectores, en el sector sanitario pueden exponer a personas y organizaciones a cargos penales y sanciones que incluyen multas, penas de prisión y la exclusión de programas federales de atención médica. La Ley contra el Soborno se aplica tanto a quienes realizan pagos por remisiones como a quienes las reciben, y su violación constituye un delito grave. Quien sea declarado culpable de violar esta ley se enfrenta a una pena de hasta diez años de prisión y una multa de 100 000 dólares, además de la exclusión de programas federales de atención médica.
Sobornos y la Ley de Reclamaciones Falsas
La Ley Federal de Reclamaciones Falsas (o FCA, por sus siglas en inglés) es una ley promulgada durante la Guerra Civil para impedir que proveedores privados sin escrúpulos del Ejército de la Unión defraudaran al gobierno federal mediante el suministro de bienes de baja calidad. La FCA se destacó por establecer un mecanismo que permitía a los denunciantes individuales con conocimiento de actividades fraudulentas dirigidas al gobierno federal (y, por ende, a los contribuyentes estadounidenses) interponer una demanda para obtener una indemnización por daños y perjuicios, una parte de la cual les sería entregada personalmente.
Durante las décadas de vigencia de la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA, por sus siglas en inglés), el gobierno federal ha recuperado miles de millones de dólares gracias a demandas exitosas presentadas en virtud de dicha ley. Cabe destacar que estas demandas suelen ser iniciadas por particulares con conocimiento de actividades ilegales y, de tener éxito, dichos particulares pueden recibir una recompensa económica de entre el 15 % y el 30 % del total de las sanciones impuestas al acusado. Además de las sanciones civiles, los fiscales federales pueden procesar penalmente a las personas por violar la FCA.
La Ley de Reclamaciones Falsas (FCA, por sus siglas en inglés) abarca diversas actividades que defraudan al gobierno (y, por ende, a los contribuyentes), incluyendo ciertos casos de soborno. Por ejemplo, si un funcionario público recibe un soborno de un proveedor de bienes o servicios militares a cambio de proporcionarles defensa, esto podría constituir la base de una demanda bajo la FCA contra dicho proveedor por defraudar al gobierno. En el ámbito de la salud, si un médico recibe un soborno de un especialista por derivarle pacientes, y posteriormente el especialista recibe un reembolso de Medicare por parte del gobierno federal, esto también podría dar lugar a una demanda penal o civil bajo la FCA contra ambos, el médico y el especialista. Además, tales acciones también podrían conllevar un proceso penal en virtud de la Ley contra el Soborno.
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Cabe señalar que las leyes mencionadas anteriormente —la Ley contra el Fraude en los Servicios Honestos, la Ley contra el Soborno y la Ley de Reclamaciones Falsas— solo representan algunas de las leyes federales que establecen sanciones penales por sobornos. Numerosas leyes estatales y federales también prevén sanciones civiles y penales por este delito.
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