¿Cuándo necesita un abogado especializado en defensa sanitaria?
La atención médica es una de las industrias más vitales y extensas de nuestro país, y también una de las más reguladas. Médicos, farmacéuticos, hospitales, organizaciones de atención médica administrada y otros proveedores de atención médica enfrentan consecuencias significativas en investigaciones y demandas civiles y penales. Estas consecuencias pueden incluir fuertes multas y otras responsabilidades, la pérdida de la licencia, la imposibilidad de participar en programas como Medicare o Medicaid, daños a la reputación e incluso penas de cárcel.
Ante las señales de una investigación estatal, federal o de una entidad reguladora, o la posible amenaza de una demanda civil, puede surgir la tentación de intentar resolverlo por cuenta propia, sin la ayuda de un abogado, o simplemente esperar a que el asunto desaparezca sin mayores consecuencias. Sin embargo, actuar de esta manera conlleva riesgos significativos para su carrera profesional e incluso para su libertad. Por ello, se recomienda encarecidamente a las personas y organizaciones que se enfrentan a este tipo de desafíos legales que busquen asesoramiento legal especializado lo antes posible para abordarlos de forma proactiva y confidencial.
Los abogados defensores de RFZ Law especializados en el sector sanitario tienen experiencia en brindar una defensa sólida a médicos, otros profesionales sanitarios y organizaciones sanitarias en investigaciones estatales y federales, así como en investigaciones penales y litigios civiles, incluyendo las siguientes áreas.
Defensa de la Ley Stark
La “Ley Stark” es el nombre común de la Ley federal de Autoderivación Médica que se encuentra en 42 USC § 1395nn. La Ley Stark prohíbe ciertos tipos de derivaciones para servicios de salud cuyos pagos se solicitan para su reembolso bajo programas federales de atención médica, incluidos Medicaid y Medicare.
En resumen, la Ley Stark federal prohíbe que un médico derive pacientes a entidades en las que él o un familiar directo tenga un interés financiero para la prestación de servicios de salud específicos . Un interés financiero en otra entidad puede incluir la propiedad o la inversión del médico (o familiar) que realiza la derivación en dicha entidad, o un acuerdo de compensación entre el médico (o familiar) que realiza la derivación y la entidad. Un acuerdo de compensación es cualquier acuerdo financiero que implique una remuneración, ya sea explícita o implícita, directa o indirecta, en efectivo o en especie.
Los médicos que infrinjan la Ley Stark pueden enfrentarse a la exclusión de Medicare y Medicaid, la denegación de pagos y sanciones civiles de hasta 15,000 dólares por cada reclamación presentada y 100,000 dólares por la existencia de cada acuerdo o plan.
Defensa en virtud de la Ley contra el Soborno
La Ley contra el Soborno (AKS, por sus siglas en inglés) es una ley penal federal que se encuentra en 42 USC § 1320a-7b(b), la cual prohíbe el pago o la recepción consciente e intencional de cualquier “remuneración” (incluyendo cualquier soborno, comisión o descuento) a cambio de:
- Remitir a una persona a otra para cualquier artículo o servicio cuyo pago pueda realizarse total o parcialmente en virtud de un programa federal de atención médica, o
- Comprar, arrendar, ordenar o gestionar cualquier bien, instalación, servicio o artículo cuyo pago pueda realizarse total o parcialmente en virtud de un programa federal de atención médica (o simplemente recomendar la compra, el arrendamiento o el pedido de cualquiera de dichos bienes, instalaciones, servicios o artículos).
Por lo tanto, en un nivel básico, la ley contra el soborno tipifica como delito cualquier acuerdo de remisión remunerada (ya sea en efectivo, bienes o en especie) por cualquier servicio o bien de atención médica cuyo pago se realice en virtud de programas federales de atención médica como Medicare o Medicaid, con ciertas excepciones.
Quien sea declarado culpable de violar la Ley contra el Soborno se enfrenta a una pena de hasta diez años de prisión y una multa de 100,000 dólares, además de ser excluido de los programas federales de atención médica.
Defensa bajo la Ley Federal y Estatal de Reclamaciones Falsas
La Ley Federal de Reclamaciones Falsas (FCA, por sus siglas en inglés) tipifica como delito defraudar intencionadamente al gobierno federal en diversas situaciones, incluyendo la presentación de reclamaciones de Medicaid/Medicare infladas o fraudulentas. De igual modo, la Ley de Reclamaciones Falsas de California (CFCA, por sus siglas en inglés) tipifica como delito defraudar al gobierno estatal de California, y dichas reclamaciones suelen presentarse al solicitar el reembolso de servicios de atención médica, medicamentos y dispositivos médicos al gobierno estatal.
Un aspecto destacable tanto de la FCA como de la CFCA es que, en cierto modo, facultan a cualquier persona con conocimiento de tales acciones ilegales para presentar una demanda contra un acusado bajo secreto de sumario. Posteriormente, el gobierno federal o estatal investigará dichas reclamaciones y determinará si se une a la demanda. Existe un gran incentivo para que una persona presente una demanda bajo la FCA o la CFCA, ya que un demandante que gane puede obtener una importante compensación económica. En el ámbito de la salud, es común que empleados como enfermeros, médicos, especialistas en entrada de datos o incluso altos ejecutivos presenten demandas bajo la FCA contra su empleador.
Entre los tipos comunes de actividades que pueden dar lugar a una demanda en virtud de la FCA o la CFCA se incluyen las siguientes:
- Facturación por servicios o bienes que no fueron proporcionados.
- Facturación por servicios o bienes que no eran médicamente necesarios
- Codificación incorrecta en la facturación para recibir un reembolso a una tasa más alta de la justificada.
- Desglosar los servicios en la facturación para recibir un reembolso a una tasa más alta de la justificada.
- Promoción de medicamentos fuera de indicación
- Sobornos
Además de la responsabilidad que una persona o entidad puede enfrentar por acciones que presuntamente violan la FCA o la CFCA, dichas partes también pueden enfrentar responsabilidad adicional si se alega que tomaron alguna medida para tomar represalias contra un denunciante de la FCA, como rescindir el contrato de trabajo de esa persona u otras acciones que puedan perjudicar su empleo, incluyendo la suspensión o el traslado del empleado.
Prácticas ilegales de prescripción médica
Los farmacéuticos y otros profesionales de la salud pueden enfrentarse a importantes riesgos civiles y/o penales relacionados con prácticas de prescripción ilegales, que incluyen, entre otras: distribuir medicamentos con receta sin una receta válida, escribir recetas para uso propio o dispensar medicamentos con receta bajo los efectos de alguna sustancia.
Problemas de licencia
Además de las sanciones civiles y penales, una persona o entidad puede enfrentarse a riesgos por parte de los organismos estatales de concesión de licencias debido a presuntas faltas de conducta. Dado que la pérdida o suspensión de una licencia puede suponer la pérdida del sustento y la reputación profesional —que un profesional suele haber construido con mucho esfuerzo y dedicación—, es fundamental tomarse el proceso en serio.
Los profesionales médicos pueden enfrentarse a problemas de licencia relacionados con presuntas violaciones legales o éticas en el contexto de su trabajo (por ejemplo, la presunta mala conducta de un médico o farmacéutico relacionada con medicamentos recetados), o fuera de sus funciones, ya sea dentro o fuera del lugar de trabajo, como mala conducta sexual, actividades relacionadas con el alcohol y las drogas (incluida la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas), robo, fraude u otras actividades.
Si bien una investigación sobre licencias puede parecer diferente de una acción penal o civil, las consecuencias pueden ser igual de importantes, y es fundamental trabajar con abogados defensores especializados en el sector sanitario ante los primeros indicios de dicha investigación, y específicamente antes de hablar con los investigadores.
Litigios civiles en el sector sanitario
Si bien gran parte de este artículo se ha centrado en las importantes amenazas que enfrentan las personas y las organizaciones con respecto a las investigaciones y las acciones coercitivas emprendidas por las autoridades estatales, federales y de concesión de licencias, los profesionales y las entidades de atención médica también enfrentan, por supuesto, riesgos legales relacionados con litigios civiles entre particulares.
Estos asuntos civiles pueden incluir disputas contractuales y de seguros, filtraciones de datos y asuntos relacionados, demandas por negligencia médica, demandas por secretos comerciales, demandas por abuso de ancianos, despidos de médicos y otras acciones laborales. Nuestros abogados cuentan con amplia experiencia en la defensa de personas y organizaciones en litigios civiles relacionados con diversos asuntos del sector sanitario.
Conclusión
Los proveedores y profesionales de la salud se enfrentan a riesgos legales únicos y complejos, y nuestros abogados cuentan con la experiencia legal y el conocimiento del sector para asesorar y proteger a los clientes en todos los aspectos de la industria. Es fundamental responder adecuadamente a los riesgos legales tan pronto como surjan. Nuestros abogados están aquí para brindar asesoramiento y representación para mitigar los riesgos lo antes posible. Comuníquese con nuestra oficina hoy mismo para hablar con un abogado con experiencia en defensa del sector salud sobre su situación.
